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Ciclista negligente muerto en doble atropello. Responsabilidad y reparto de culpas

Audiencia Provincial de Córdoba, sentencia 176/2000, de 20 junio (civil)

Hechos: ciclista muerto, que circulaba de noche, sin luces y por el centro de la calzada. Atropecho sucesivo por dos coches en direcciones opuestas.

Cuestiones jurídicas: Responsabilidad por riesgo y carga de la prueba. Reparto de culpas, ciclista 50%. Principios de circulación viaria

 “Pues bien la Ley 122/1962 (se refiere a la hoy derogada Ley sobre uso y circulación de vehículos a motor) ya estableció una obligación legal de reparar el mal causado cuando con motivo de la circulación se causa un daño a las personas o cosas, obligación que, como señala expresamente la exposición de motivos es consecuencia del riesgo que trata de paliarse mediante la creación de un sistema de Seguro Obligatorio que atiende a la finalidad perseguida por el legislador que es, como reitera dicha exposición de motivos la de que la víctima sea en todo caso debidamente asistida e indemnizada. Es por ello por lo que se ha llegado a considerar la responsabilidad de carácter objetivo, lo que no es totalmente exacto dado que la existencia de excepciones implica que su caracterización más correcta sea la de una responsabilidad objetiva atenuada, o más técnicamente un sistema de responsabilidad por riesgo. Es la luz de la finalidad legal y del sentido general de este sistema de responsabilidad, como ha de interpretarse la excepción mal llamada de «culpa exclusiva de la víctima», o más propiamente de que el «hecho fuera debido únicamente a la culpa o negligencia del perjudicado», por ello la referida exposición de motivos señala que «el resarcimiento inmediato de los daños y perjuicios sufridos por la víctima se busca a ultranza». Ello implica que las excepciones tratan de excluir aquellos casos en que el daño no es realmente imputable al riesgo generado por la circulación de vehículos de motor sino a un elemento extraño: la intervención de una conducta ajena cuya negligencia sea causa exclusiva del daño o bien la fuerza mayor también extraña a la conducción. La primera de dichas excepciones es, por tanto, interpretada de modo muy restrictivo por la Jurisprudencia, en un correcto entendimiento de su verdadero sentido, que no es el de efectuar su juicio de mayor o menor culpabilidad sino el de excepción (verdaderamente «excepcional») en un régimen general de responsabilidad que trata de buscar «a ultranza» el resarcimiento de los daños sufridos por quien ha resultado víctima de los riesgos «in situ» en la circulación automovilística.

En este sentido resulta indudable para la prosperabilidad de dicha excepción que se acredite que el hecho fue debido únicamente a culpa o negligencia del perjudicado, prueba que incumbirá a quien alega la excepción, es decir, a la cía. Aseguradora demandada, que debe justificar rigurosamente que la única causa motivadora del daño ha sido la del perjudicado, bastando esta falta de prueba o la más mínima concurrencia de culpa o negligencia en el conductor del vehículo para que no pueda aplicarse tal culpa exclusiva y la simple duda, siendo racional, de cómo pudo producirse el accidente impide que pueda prosperar la referida excepción. Es decir, que la culpa exclusiva como motivo de exclusión de la responsabilidad civil objetiva atenuada exige que el Tribunal no llegue a tener dudas racionales acerca de si el conductor pudo evitar el accidente o si al menos pudo haber reducido la gravedad del resultado producido.

Debemos pues resaltar que precisamente este diferente juego de la carga probatoria es el de que dota de sentido y contenido al sistema de resarcimiento de responsabilidad civil. En la derivada de un ilícito penal, la inocencia, y por tanto, la irresponsabilidad es la regla y en consecuencia se presume mientras no se demuestra cumplidamente lo contrario, en la responsabilidad por riesgo cubierto por el seguro obligatorio la responsabilidad es la regla y la irresponsabilidad la excepción, por lo que se responde siempre, mientras no se demuestre cumplidamente la concurrencia de alguna excepción y, concretamente, mientras no quede plenamente demostrado que la conducta de la víctima fue la causa única, exclusiva y excluyente de la producción del daño”. (FD 1)

“El juzgador de instancia (fundamento jurídico quinto) ha examinado las testificales de los conductores y del camionero señor P., las documentales obrantes en autos así como las diligencias periciales unidas en cuerda floja, y sienta, en esta primera, la culpabilidad exclusiva del fallecido conductor de la bicicleta.

Valoración probatoria que debe asumirse en esta alzada. En efecto es cierto que las sentencias penales absolutorias no prejuzgan en absoluto la culpa civil y en este sentido la jurisprudencia es constante en declarar que la responsabilidad penal nacida de la imprudencia y la civil derivada de la culpa o imprudencia tienen su causa en hechos semejantes, pero se diferencian en cuanto en la primera se exige la concurrencia de la tipicidad y punibilidad, elementos ausentes en la culpa o negligencia civil, en la que bastan para que nazca la obligación de indemnizar el daño causado, la inobservancia de aquella cautela, de aquella falta de diligencia y prevención que, cuando tal daño es causado durante la conducción de un vehículo de motor, son exigibles a cuantos pilotan el mismo, aun cuando no resulte infringida en la maniobra realizada ninguna de las normas del Reglamento General de Circulación. (FD 2)

“Pues bien en el presente juicio en las diligencias penales, juicio de faltas 57/1997, obra un atestado de la Agrupación de tráfico y un informe sobre la forma de ocurrencia del accidente que señala como causa directa el circular el ciclista por el centro de la calzada en horas nocturnas, existiendo arcén practicable y careciendo de alumbrado y elementos reflectantes o reflectarios y como motivo determinante de circulación incorrecta del ciclista, obteniéndose que tal actitud podía haber sido propiciada por la falta de luminosidad concurrente o bien por el estado físico o psíquico en que éste podría encontrarse. Ciertamente tal atestado no constituye en sí mismo acto de prueba, sino que procesalmente goza del valor de mera denuncia, al igual que el informe emitido, pero ello no impide que en los mismos puedan recogerse datos o elementos objetivos que luego no pueden ignorarse, máxime cuando, de conformidad con lo establecido en los arts. 297.2 y 727 de la LECrim aquellos agentes redactores del atestado prestan declaración en el acto del juicio oral, debiendo en tales casos ser apreciadas sus manifestaciones como declaraciones testificales en cuanto se refiere a hechos de conocimiento propio.

Supuesto que es el contemplado en autos en el que los Guardias Civiles don Antonio J. A. y don José Antonio R. T., ratificaron en el juicio oral el atestado, y en vía testifical, el primero de ellos, en el presente procedimiento, la forma de ocurrencia del accidente, pudiéndose, por tanto, dejar acreditado que la bicicleta carecía de luces y de elementos reflectantes o reflectarios (ver informe técnico puntos 3.3 y 4.2.1 «la bicicleta carece de dispositivos de alumbrado y elementos cataleópticos»); que la vía tenía una anchura total de 7,40 metros con dos carriles simétricos de 3,70 metros, y dos arcenes practicables de 1,30 metros.

Igualmente en las mismas diligencias penales consta un informe del perito don José Ch. que en las conclusiones coincide sustancialmente con aquel atestado y de las que podemos deducir que ese hipotético y ligero exceso de velocidad no influyó en la causación del accidente, siendo, igualmente, un dato relevante las características topográficas de la vía, cambio de rasante que genera una importante inclinación (del 5%) por lo que al estar el vehículo inclinado respecto a la zona plana, no consiga eliminar adecuadamente la zona posterior donde cambia la inclinación, circunstancia que concurría en el presente caso en el que el ciclista se encontraba en la zona posterior donde cambia la inclinación, lo que explica que no fuera visible para el conductor de la furgoneta Renault Expres, CO-…-X.

Igualmente que el ciclista circulaba por el centro del carril se deduce de la localización de los daños del Renault (rozaduras en la parte inferior izquierda de la defensa delantera y parte inferior del lateral izquierdo) y que aquel resultara proyectado en forma oblicua hacia el carril izquierdo, y no hacia la derecha, como hubiera ocurrido de circular pegado en ese lado.

Por último que el vehículo tardase 30 metros en detenerse no es un dato significativo pues no puede exigirse rigurosamente a un conductor que ante el peligro creado por otro, reaccione adecuadamente ya que en tales circunstancias las maniobras de emergencia son instintivas y producto de reflejos inconscientes, en las que la capacidad de dominio se haya prácticamente ausente y varía según el temperamento, por lo que no puede normalmente valorarse a efectos de aminorar la contribución causal del culpable del accidente.

Por tanto circunscrito el tema de la culpabilidad al plano de la causalidad, la conducta de la víctima, con infracción de preceptos tan significativos como los arts. 15, 42 y 43 de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos de Motor y Seguridad Vial, y arts. 36, 90 a 107 de su Reglamento, que, esta primera fase del accidente, el único factor desencadenante con rotura del nexo causativo y que hace que no sea factible imputar al conductor la causabilidad de este primer siniestro, supuestos estos de los que la prevalencia del interés esencialmente protegido, cual es la vida humana, no sufre menoscabo, por haberse quebrado el requisito del nexo causal que necesariamente ha de concurrir en orden a la responsabilidad del conductor de la furgoneta Renault Exprés”. (FD 3).

“Ahora bien la sentencia recurrida estudia de forma detallada y minuciosa la conducta desarrollada por Antonio F., una vez producido este primer impacto y quedar José D. tendido en el suelo, perpendicular al sentido de la marcha, en el carril contrario, con la cabeza a medio metro de la línea que delimita los dos carriles de la vía y los pies a un metro aproximadamente del arcén, y llega a la conclusión que su conducta, en esta segunda fase, fue negligente y contribuyó causalmente en la producción del segundo impacto, con infracción de los arts. 10.3 y 51 de la ley tráfico y art. 129 de su Reglamento.

Valoración probatoria que igualmente debe ser mantenida en la alzada, y que conlleva la desestimación de la adhesión planteada por la Estrella en cuanto postulaba su total exoneración por la concurrencia de culpa exclusiva de la víctima y, a su vez, que concurran los presupuestos para imputar esa responsabilidad, parcial y concurrente, del conductor asegurado, cuales son: que la omisión sea condición negativa del resultado y que esa condición negativa aparezca como suficiente, en caso de haberse cumplido, para impedir el resultado, es decir, en la tesis dominante acerca de la imputación objetiva en la omisión «la llamada causalidad hipotética» es posible imputar el resultado si consta que la acción indicada (debida) con una probabilidad rayana en la seguridad, lo habría evitado; que esa omisión tenga lugar hallándose el sujeto imputado en posición de responsable, en este caso por ingerencia o garantía, ya que la equiparación de la omisión con el hacer activo tienen su base en una especial situación del deber jurídico de impedir el resultado. Supuesto aplicable al caso que nos ocupa en el que no puede cuestionarse que el conductor de la furgoneta Renault Exprés no tuviera la cualidad de garante, dado que creó la situación de riesgo o peligro al quedar la víctima, como consecuencia de la colisión, tendida inconsciente dentro de la vía, por lo que su actuación posterior, alejándose del lugar, con incumplimiento de aquellas disposiciones reglamentarias, debe entenderse que contribuyó causalmente en el atropello producido en la segunda fase del accidente por cuanto la acción indicada, simplemente retirar el cuerpo fuera de la carretera o, cuando menos, señalizar debidamente su posición, hubiera evitado aquel ulterior atropello; contribución causal cuyo porcentaje estima la sala en una cuarta parte o 25% del accidente” (FD 4)

“Planteó la Letrada de Groupama Ibérica, SA, la cuestión jurídica de que los actores no han probado que la muerte de don José D. se produjera en el segundo atropello, y de no ser así ello determinaría la imposibilidad de imputación de culpa a su conductor asegurado, dado que no habría intervenido en la causación de la muerte de quien ya era cadáver.

Es cierto que el informe del señor Médico Forense obrante en las diligencias penales no esclarece si la muerte se produjo como consecuencia de la colisión primera o por el ulterior atropello y arrollamiento del cuerpo inerte en la carretera, pero esa incertidumbre no puede perjudicar a la parte actora, por cuanto de admitir que la muerte se ocasionó en la primera fase del accidente, ello implicaría la estimación de la culpa exclusiva de la víctima y en base a la doctrina ya expuesta en el fundamento jurídico primero de esta misma resolución, que sea la parte demandada quien tenga la carga probatoria de los presupuestos necesarios para su operatibilidad, bastando a la parte ejecutante con probar que el segundo atropello, en todo caso, hubiera sido suficiente por sí solo para causar la muerte, extremo este que sí está acreditado” (FD 5).

“Fundamenta la sentencia recurrida la falta de culpabilidad del señor J. en que la existencia del obstáculo, el cuerpo inerte y oscuro de José D., era ajena a lo racionalmente previsible, al no poder distinguir el significado de las señales que el conductor del camión le hacía.

Esta última afirmación necesita ser matizada por cuanto si bien en el análisis combinado de los tres principios que rigen la circulación viaria: principio de seguridad, principio de conducción dirigida o controlada y principio de confianza, los dos primeros son impositivos y preferentes, de modo que su acreditación resulta obligada para la apreciación del tercero, de carácter exonerativo, el principio de confianza sólo permite afirmar que puedan comprenderse dentro del deber de cuidado las conductas de las víctimas que pudieran conocerse anticipadamente o que fueran potencialmente presumibles porque para el sujeto activo no resulte exigible la predicción de lo que no puede saberse «a priori»; es decir, que el principio de defensa amplía el deber objetivo de cuidado pero nunca hasta el punto de comprender los acontecimientos imprevisibles, pero en el caso enjuiciado la testifical de Rafael M. P. (folio 317) camionero que circulaba en dirección a El Viso y que fue avisado de la primera colisión, precisó que situó su camión en dicho carril a unos 100 metros del cuerpo caído en el carril contrario, sentido Alcaracejos, con la luz corta encendida y los cuatro intermitentes en funcionamiento, colocándose delante del camión haciendo gestos a los vehículos que venían en dirección contraria.

En esta situación sí puede apreciarse un mínimo reproche culpabilístico en el señor J., acreditado como está que ni detuvo su vehículo y ni siquiera frenó, pues aun siendo cierto que lo normal es que la calzada se halle libre de obstáculos en base al principio de «confianza», de principio ha de ceder ante el de «conducción dirigida», en virtud del cual todo conductor debe adoptar las precauciones necesarias para tener el control de los movimientos del vehículo que pilota y evitar posibles y previsibles daños; máxime en el caso enjuiciado en que la presencia de esa persona haciendo señales debió, cuando menos, alertarle de que alguna incidencia en el tráfico se había producido, no siendo aceptable el argumento de que no vio a esta persona que hacía las señales, pues ello implicaría una conducción desatenta, o una velocidad inadecuada a las circunstancias de nocturnidad o a las personas del conductor con deficiencias visuales.

En definitiva como es necesaria exigencia para que pueda apreciarse la culpa exclusiva de la víctima, no sólo que aparezca acreditado, como sobradamente lo está en el caso que se enjuicia, que el ciclista hubiera omitido la observancia de deberes de cuidado, incluso elementales, sino que además que no pudiera imputarse a los demás intervinientes ninguna clase de negligencia, ni acción mínima o levísima en su comportamiento, esta culpa levísima concurre en relación al señor J., circunstancia que permite desestimar la causa de nulidad acogida en la sentencia, y, por el contrario, estimar su participación causal en el accidente en un 25% o 1/4 del evento” (FD 6).

Por ello el accidente que nos ocupa, con independencia de que en su dinámica puedan distinguirse dos fases, es un todo complejo que se inicia con el primer atropello y análisis de las conductas del ciclista don José D. y de conductor del Renault Exprés CO-…-X, don Antonio F. P., asegurado en la compañía La Estrella, continúa con la conducta seguida por este último tras alcanzar al primero, y culmina con el atropello por parte de don Tomás J. G., conductor del Seat Terra CO-…-X, asegurado en la compañía Groupama, al ciclista, inconsciente y caído en la carretera.

Ello implica, de una parte, que no pueda acogerse el argumento de la parte adherida al recurso, La Estrella, SA, de que la posible responsabilidad del conductor del Renault Exprés, derivada de su actuación posterior al primer atropello, no sería propiamente un hecho de la circulación cubierto por el seguro obligatorio, y de otra, que la responsabilidad de cada uno de los implicados no debe valorarse a efectos indemnizatorios individualizándose en cada fase del accidente, sino sobre la totalidad del mismo, ya que de seguirse el criterio de la sentencia recurrida, si bien la culpa de la víctima abarcaría la totalidad del primer impacto, esto es el 50%; nunca podrá incidir en la imputación del segundo atropello ya que, en el mejor de los casos, se encontraba sin conocimiento y caído en la carretera, por lo que ningún reproche culpabilístico podría hacérsele.

Ello debe ser así porque hay casos frecuentes en que la actuación imprudente de una persona, influye causalmente en la producción del resultado a través de las conductas imprudentes de terceros o de la propia víctima, porque establecida la existencia de relación causal, la cuestión se concretará al juicio de autoría y de imputación objetiva del resultado. Es decir, que a la producción de un acto imprudente pueden concurrir diversas personas, sin obrar de acuerdo desde luego en cuanto a la lesión del bien jurídico pero tampoco respecto a la infracción de la norma de cuidado. Se trata de una situación de concurso de culpas que confluyen, sin acuerdo, en la misma dirección del resultado final, culpas plurales coincidentes, y cuyo tratamiento es el de valorar aislada y separadamente cada conducta.

No otra cosa ha sucedido en el caso estudiado en el que la sala estima la concurrencia causal de la víctima en un 50% –es decir, la totalidad de la primera fase según el análisis sistemático del juez de instancia–, en un 25% la de la compañía La Estrella y en igual porcentaje la de la compañía Groupama –lo que supone, a su vez, la totalidad de la segunda fase, en la que ningún reproche podrá hacerse a la víctima–, pronunciamiento éste que implica la inaplicabilidad del art. 14.2 Real Decreto 2641/1986, de 30-12, en la forma que se postuló por la actora, pues el criterio de la proporcionalidad a la cuantía de la prima anual de riesgo que corresponda a cada vehículo asegurado es subsidiario y en defecto de la resolución judicial que establezca aquella constitución” (FD 7).

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