Publicado en Responsabilidad patrimonial, vías de reclamación

Ciclista atropellado por turismo. Vías de reclamación

Audiencia Provincial de Alicante, sentencia 428/2002, de 11 julio (civil)

Hechos: ciclista atropellado por turismo

Cnsideraciones jurídicas: via procesal para reclamar indemnización por atropecho de ciclista por turismo

“La parte demandada en los autos reproduce en esta alzada la excepción de inadecuación de procedimiento al estimar que siendo la cuantía del asunto y reclamada la de 587.251 ptas. el trámite que debió darse al procedimiento lo era por los cauces del juicio ordinario y por los del verbal, aún tratándose de un asunto derivado de un accidente de circulación. Dicha excepción fue desestimada por el juzgador de instancia en el acta del juicio celebrado en 13 de febrero de 2002. Surge de esta manera la cuestión acerca de que normas deben seguirse para el enjuiciamiento de aquellas conductas derivadas del accidente de tráfico tras la vigente Ley de Enjuiciamiento Civil de 2000. O dicho de otra manera, ¿cuál es el procedimiento declarativo adecuado para tramitar las demandas del antiguo Juicio Verbal Civil del Automóvil, al no estar recogido en ninguno de los once apartados del artículo 250.1.

La Sala considera que aunque no han sido derogadas expresamente las disposiciones adicionales 1ª y 2ª de la Ley Orgánica 3/1989, de 21 de junio, por la disposición derogatoria única de la Ley de Enjuiciamiento Civil, deben entenderse derogadas tácitamente en virtud del apartado 3 de la citada disposición derogatoria en la que se indica que «conforme al apartado segundo del artículo 2 del Código Civil , se consideran derogadas cuantas normas se opongan o sean incompatibles con lo dispuesto en la presente Ley».

El espíritu de la Ley es no mantener procesos especiales al margen de los que la propia Ley regula. Además, dichas disposiciones adicionales, aunque incluidas en una Ley Orgánica, tienen rango de Ley Ordinaria según la disposición final de la LO 3/1989. Confirma igualmente esta interpretación el hecho de que el artículo 252 del anteproyecto de 1997 y el artículo 250.1 del proyecto de 1998, sí que incluían dentro del juicio verbal al juicio del automóvil, lo que pone de manifiesto que si el legislador no lo ha comprendido dentro de su regulación en el texto vigente es porque ésa ha sido su intención definitiva.

Asimismo confirma esta derogación tácita el que buena parte del contenido de estas disposiciones adicionales está incorporado al texto de la LECiv 1/2000. Así, el artículo 52.1,9 dispone en relación con la competencia territorial que: «En los juicios en que se pida indemnización de los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor será competente el Tribunal del lugar en que se causaron los daños». El artículo 54, apartado 1, reconoce a dicho fuero carácter imperativo. Con ello se está reproduciendo en esencia la disposición adicional primera, apartado 2. Por su parte el artículo 449.3 referido al depósito o consignación necesaria para interponer recurso de apelación contra la sentencia recaída en estos procedimientos dispone que: «En los procesos en que se pretenda la condena a indemnizar los daños y perjuicios derivados de la circulación de vehículos de motor no se admitirán al condenado a pagar la indemnización los recursos de apelación, extraordinario por infracción procesal o casación si, al prepararlos, no acredita haber constituido depósito del importe de la condena más los intereses y recargos exigibles en el establecimiento destinado al efecto. Dicho depósito no impedirá, en su caso, la ejecución provisional de la resolución dictada». Esta norma reproduce sustancialmente la disposición adicional primera apartado 4.

Finalmente señalar que el régimen de la ejecución provisional de la sentencia contenido en los artículos 524 y siguientes de la Ley de Enjuiciamiento Civil es radicalmente incompatible e incluso más favorable que el contenido en la disposición adicional segunda de la LO 3/1989.

La conclusión de todo lo expuesto es que esta polémica responde a un mero error del legislador al considerar que la derogación de las disposiciones adicionales de la LO 3/1989 tuviera que tener lugar a través de una Ley Orgánica, por lo que su tramitación deberá encauzarse por el juicio declarativo que corresponda según su cuantía, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 249 apartado 2 y 250 apartado 2, y así, las demandas por las que se pretenda la indemnización de daños y perjuicios derivados del accidente de circulación deberán tramitarse por las normas del Juicio Ordinario o por las normas del Juicio Verbal atendiendo a la cuantía que se reclame, si es superior a las 500.000 ptas. (3.000 euros) por los cauces del primero, y si es inferior, por los del segundo.” (FD1)

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