Publicado en carga de la, generadores de riesgo, in vigilando, Menores, objetiva o por riesgo, padres, presunción de culpa, Prueba, Responsabilidad patrimonial, Valoración y revisión judicial

Atropello causado por menor en bicicleta. Responsabilidad “in vigilando”

Audiencia Provincial de Málaga (Sección 6ª), sentencia 2005, de 23 junio (civil)

Hechos: menor en bicicleta que atropella a peatón negligente

Consideraciones jurídicas: responsabilidad in vigilando de padres. Apreciación judicial de la prueba

El artículo 1903.2 del Código Civil señala que la obligación de indemnizar es exigible no sólo por los actos u omisiones propios, sino también por los de aquellas personas de quienes se debe responder, responsabilidad por hecho ilícito ajeno que en relación con los padres respecto de los hijos que se encuentren bajo su guarda tiene su fundamento en una culpa “in vigilando”, responsabilidad ésta que, según la jurisprudencia, aunque se basa en la responsabilidad por culpa o negligencia, no menciona tal dato de culpabilidad, y por ello puede afirmarse que contempla una responsabilidad por riesgo o cuasiobjetiva, justificándose por la transgresión del deber de vigilancia, sin que se exonere de la responsabilidad exigida bien por el hecho de no hallarse presentes los padres cuando se cometa el hecho ilícito o que tengan que trabajar o no puedan, por razones de las circunstancias familiares o sociales, estar siempre junto a sus hijos menores, ya que de seguirse otro criterio se llegaría a la total falta de responsabilidad civil de los hechos realizados por los menores de edad, bien en interpretación del artículo 3.1 del Código Civil, ya que el deber de vigilancia sobre los menores afecta a los padres en todo caso, y nada dice en contra la realidad del tiempo en que vivimos, bien en el criterio de la equidad, porque, conforme al artículo 3.2 del Código Civil, la equidad sólo puede basar una resolución judicial de manera exclusiva “cuando la ley expresamente lo permita” -T.S. 1ª S. de 24 de marzo de 1979-, presunción de culpa de quien ostenta la guarda y custodia “in potestate” que cesa solamente cuando las personas mencionadas en la norma prueben que emplearon toda la diligencia de un buen padre de familia -T.S. 1ª SS. de 29 de diciembre de 1962, 14 de marzo de 1978, 24 de marzo de 1979, 1 y 17 de junio de 1980, 10 de marzo de 1983, 22 y 28 de enero y 7 de febrero de 1991, 7 de enero de 1992, 2 de julio de 1993, de 23 de diciembre de 1995 y 24 y 29 de mayo de 1996” (FD 1).

“[s]e presenta como impensable que el proceso valorativo de las pruebas realizado por Jueces y Tribunales de instancia pueda ser sustituido por el practicado por uno de los litigantes contendientes, habida cuenta que la jurisprudencia viene estableciendo al respecto como a las partes les queda vetada la posibilidad de sustituir el criterio objetivo e imparcial de los Jueces por el suyo propio, debiendo prevalecer el practicado por éstos al contar con mayor objetividad que el parcial y subjetivo llevado a cabo por las partes en defensa de sus particulares intereses -T.S. 1ª SS. de 1º6 de junio de 1970, 14 de mayo de 1981, 22 de enero de 1986, 18 de noviembre de 1987, 30 de marzo de 1988, 1 de marzo y 28 de octubre de 1994, 3 y 20 de julio de 1995, 23 de noviembre de 1996, 29 de julio de 1998, 24 de julio de 2001, 20 de noviembre de 2002 y 3 de abril de 2003-, debiendo, por tanto, ser respeta la valoración probatoria de los órganos enjuiciadores en tanto no se demuestre que el juzgador incurrió en error de hecho, o que sus valoraciones resultan ilógicas, opuestas a las máximas de la experiencia o de las reglas de la sana crítica, de ahí que sea posible que dentro de las facultades que se concedan a Jueces y Tribunales de instancia den diferente valor a los medios probatorios puestos a su alcance e, incluso, optar entre ellos por el que estimen más conveniente y ajustado a la realidad de los hechos, todo ello sin olvidar, claro está, como la revisión del valor probatorio que debe darse a los diferentes testimonios prestados por los testigos que depusieran a instancia de parte, debe hacerse con suma cautela, teniendo en cuenta la regla máxima de la sana crítica recogida en el artículo 376 de la mencionada Ley Procesal, apuntando insistentemente la doctrina jurisprudencial que la apreciación del referido medio probatorio es puramente discrecional del órgano judicial, dado que la norma citada no contiene reglas de valoración tasada que se puedan violar, al ser dicho precepto admonitivo, siendo tan sólo digna de tener en cuenta la impugnación cuando se constate que la apreciación de los testimonios ofrecidos es ilógica o disparatada, según recogen, entre otras, las sentencias de la Sala Primera del Tribunal Supremo de 17 de febrero de 1984, 9 de junio de 1988, 8 de noviembre de 1989, 13 y 30 de noviembre de 1990, 10 de octubre de 1995, 12 de noviembre de 1996 y 17 de abril de 1997, de lo que se colige que el uso que haga el juzgador de primer grado de su facultad de libre apreciación o apreciación en conciencia de las pruebas practicadas haya de respetarse al menos en principio, siempre que tal proceso valorativo se motive o razone adecuadamente en la sentencia -T.C. S. de 17 de diciembre de 1985, 13 de junio de 1986, 13 de mayo de 1987, 2 de julio de 1990 y 3 de octubre de 1994-, debiendo únicamente ser rectificado cuando en verdad sea ficticio, bien cuando un detenido y ponderado examen de las actuaciones, ponga de relieve un manifiesto y claro error del juzgador “a quo”, bien de tal magnitud y diafanidad que haga necesaria, con criterios objetivos y sin riesgos de incurrir en discutibles y subjetivas interpretaciones del componente probatorio existente en autos, una modificación de la realidad fáctica establecida en la resolución apelada, considerándose en este sentido por el tribunal de la segunda instancia que del conjunto probatorio practicada se infiere que el relato fáctico defendido por la demandante apelante no quedó acreditado en debida forma como para poder determinar la culpabilidad en el siniestro del menor ciclista” (FD 2)

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