Publicado en ataque a ciclista, objetiva o por riesgo, Perro, Prueba, raza potencialmente peligrosa, Responsabilidad, Valoración y revisión judicial

Ataque de perros a ciclista. Revisión judicial de la prueba. Responsabilidad por riesgo

Audiencia Provincial de Granada, Sentencia 548/2007, de 18 septiembre (penal)

Hechos: ataque de perros a ciclista por camino rural

Consideraciones jurídicas: prueba, revisión judicial. Perros sueltos, conducta de riesgo

“Esta Audiencia Provincial (por todas, las SAP, Granada de 25 de Marzo de 2.003 ) ha declarado en innumerables ocasiones que la valoración llevada a cabo por el Juzgador de la instancia en uso de la facultad que le confieren los Art. 741 y 973 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal  y sobre la base de la actividad desarrollada en el Juicio Oral, con la observancia de los principios de inmediación, contradicción y oralidad a que esa actividad se someta, conducen a que por regla general deba reconocerse singular autoridad a la apreciación de las pruebas hechas por el Juez en cuya presencia se practicaron, pues es este juzgador, y no el de la alzada, quien goza de la privilegiada y exclusiva facultad de intervenir en la practica de prueba y de valorar correctamente su resultado, apreciando personal y directamente, tanto al examinar al acusado como sobre todo en la prueba de testigos, su expresión, comportamiento, rectificaciones, dudas, vacilaciones seguridad, coherencia, y en definitiva, todo lo que afecta a su modo de narrar los hechos sobre los que son interrogados haciendo posible, a la vista del resultado objetivo de los distintos medios de prueba, formar en conciencia su convicción sobre la verdad de lo ocurrido; pues de tales ventajas, derivadas de la inmediación, contradicción y oralidad en la practica probatoria carece sin embargo el órgano de la apelación.-

Ahora bien, es doctrina legal asimismo consolidada que el recurso de apelación en el procedimiento de faltas, tal y como aparece configurado en nuestro Ordenamiento, otorga plenas facultades o plena jurisdicción al Tribunal ad quem para resolver cuantas cuestiones se planteen, sean de hecho o de derecho, y su carácter, reiteradamente proclamado por el Tribunal Constitucional, de novum iudicium, con el llamado efecto devolutivo, conlleva que el juzgador ad quem asuma la plena jurisdicción sobre el caso, en idéntica situación que el juez a quo, no sólo por lo que respecta a la subsunción de los hechos en la norma, sino también para la determinación de tales hechos a través de la valoración de la prueba, pudiendo revisar y corregir la ponderación llevada a cabo por el juez a quo (por todas, TC S 120/1.999, de 28 de Jun ).” (FD 1).

“Estima el recurrente (…) infringido el Art. 12 del CP puesto que su conducta, en todo caso, seria meramente imprudente y que solo seria objeto de sanción administrativa.

En primer lugar hay que decir que el artículo 631 del Código Penal , incardinado en el Título dedicado a las Faltas contra los intereses generales, no sanciona la conducta en función del resultado con ella producido, sino por el riesgo que dicha conducta representa para el resto de los ciudadanos que se hallan o transitan por lugares públicos, y que tienen derecho a hacerlo en condiciones de tranquilidad y seguridad, sin verse expuestos a sufrir los ataques de nadie, y por supuesto de ningún animal. No se sanciona por los concretos daños o lesiones producidos (sin perjuicio de que estos deban ser indemnizados), de tal manera que pueda ser considerado el perro o animal meramente como el instrumento del daño, a semejanza de un arma con el que se arremete contra otra persona” (FD 2).

“[s]olo consta que el denunciante, sobre las 12`30 horas, paseaba en bicicleta por el camino, sin tener que saltar ninguna valla para pasar ni ver ningún cartel y de un cortijo le salieron varios perros y se le abalanzaron y le mordieron.

Los perros mastines por su raza y características están calificados reglamentariamente como animales potencialmente peligrosos conforme a las previsiones de la Ley 50/1999 de 23 de diciembre sobre Régimen Jurídico de la Tenencia de Animales Potencialmente Peligrosos; especialmente de su artículo 2 y del mismo artículo del Real Decreto de 22 de marzo, que desarrolla reglamentariamente dicha Ley .

La calificación de tales perros, como animales potencialmente peligrosos, unida al hecho de que efectivamente atacaron al denunciante, permite calificarlos igualmente de animales feroces o dañinos, en los términos exigidos por el mencionado artículo 631 del Código Penal . El precepto penal exige igualmente que tales animales hayan sido dejados “sueltos o en condiciones de causar mal”. En el presente caso concurrieron ambas circunstancias, pues los perros estaban sueltos en un camino que aunque de propiedad privada es de uso publico, por orden suya, y en condiciones de causar mal, pues no hay mejor prueba de que estaban en esa condición de causar mal que el hecho incontrovertido de que efectivamente lo causaron” (FD 2)

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