Publicado en ataque a ciclista, objetiva o por riesgo, Perro, personas responsables, Prueba, raza potencialmente peligrosa, Responsabilidad, Responsabilidad penal, Valoración y revisión judicial

Ciclista atacado por perro. Tipificación penal. Límites a la revisión judicial de la prueba

Audiencia Provincial de Málaga, sentencia 179/2010, de 8 abril (penal)

Hechos: perro de raza Rottweiller que ataca a ciclista

Consideraciones jurídicas: Tipo penal de riesgo. Revisión judicial de la prueba

“[p]or lo que a la falta del art. 631 CP se refiere, conviene recordar que el tipo penal contenido en dicho precepto, que se enmarca dentro de las faltas contra los intereses generales, es un tipo de riesgo que trata de evitar los daños personales y materiales que pueden derivar de las conductas descontroladas de animales feroces o dañinos si el propietario o el encargado de su cuidado no adopta las precauciones necesarias dejándolos sueltos o en condiciones de causar un mal. Por tanto, el mencionado tipo exige de la concurrencia de los siguientes elementos:

En cuanto al autor, es indiferente que se trate del propietario o de un poseedor temporal del animal, pero es necesario que tenga la custodia, legalmente o de hecho del mismo, así como el dominio del hecho en el momento de cometerse los hechos enjuiciados, aun de manera eventual, que le permita evitar la acción del animal.

En cuanto al animal, que se trate de un animal feroz o dañino. Sobre este concreto requisito la jurisprudencia de las Audiencias Provinciales ha venido señalando que no es preciso que el animal tenga antecedentes de otros ataques o que esté o no catalogado administrativamente como dañino; lo esencial es que el animal por su naturaleza, su instinto, sus características o por la finalidad a la que se ha dirigido su adiestramiento responda a una alta probabilidad de causar daños. Y es que no podemos ignorar que esos riesgos derivados de conductas descontroladas del animal no se pueden desvincular totalmente de la naturaleza o características de éste, por ello lo anterior deberá cohonestarse (con el debido cuidado que exige integrar un tipo penal como normas extrapenales, en la medida de que ciertos ilícitos administrativos pueden carecer de gravedad suficiente desde el punto de vista del bien jurídico penalmente tutelado para colmar las exigencias de antijuridicidad) con la legislación administrativa aplicable al efecto, concretamente y a nivel estatal, la Ley 50/1999, de 23 de diciembre  y sobre todo al Real Decreto 287/2002, de 22 de marzo. (…).

La concurrencia de dolo en la acción, que puede ser directo o eventual, sin necesidad de que sea específico o con la finalidad de causar mal a alguna persona, bastando la conciencia de que lo pueda causar en las circunstancias en que deje al animal. En cambio, las acciones imprudentes no tendrían cabida en este tipo, sino todo lo más en el tipo del art 621 CP , ya que normalmente serán reconducibles a la vía civil ex art. 1905 CC que dispone que “el poseedor de un animal o el que se sirve de él es responsable de los perjuicios que causare, aunque se le escape o extravíe”.

En íntima relación con el elemento anterior, que el animal quede sueltos o en disposición de causar mal, bastando con que se encuentre en una libertad de movimientos tal que pueda ocasionarles algún mal. El discernimiento de las precauciones que han de adoptarse habrá de tener en cuenta las circunstancias de cada caso. Sobre este particular, el art. 13 de la mencionada Ley 50/1999 tipifica como infracciones administrativas graves dejar suelto al animal (apartado 2.a) o tenerlo en lugares públicos sin bozal ni sujeción con cadena (apartado 2.e).

Así pues, atendido todo lo anterior, resulta de todo punto correcta y ajustada la calificación del Juzgador a quo cuando subsume los hechos declarados probados en una falta contra el orden público, prevista y penada en el art. 631 CP ; pues el condenado, como guardador de un animal dañino (perro de raza Rottweiller) lo tenía suelto y sin bozal, de forma que atacó al denunciante. Falta de la que, como se ha dicho y bien razona el Juez en su sentencia, únicamente puede responder en concepto de autor el denunciado condenado Sr. Erasmo , única persona que tenía control sobre el animal en el momento de los hechos, pues según sus manifestaciones él fue el que dejó abierta la valla del solar donde el propietario Sr. Justino tenía encerrado al perro y el que igualmente lo dejó suelto, propiciando así que el mismo se escapara y atacara al denunciante. Por tanto, el motivo de impugnación debe perecer.

II.- Por otra parte, y en lo que a pretendida condena por la falta del art. 636 CP  respecta, se ha de destacar, en primer lugar, en la medida de que el denunciado Sr. Justino ha sido absuelto de la misma, que tras la Sentencia del Tribunal Constitucional núm. 167/2002 (Pleno), de 18 de septiembre, se ha dado carta de naturaleza a un nuevo criterio interpretativo, hoy en día plenamente consolidado (ha sido mantenido entre otras en las SSTC núm. 170/2002, de 30 de septiembre, núm. 197/2002 , núm. 198/2002 y 200/2002, todas de 28 de octubre , núm. 230/2002, de 9 de diciembre , núm. 41/2003, de 27 de febrero, núm. 68/2003, de 4 de abril , núm. 118/2003, de 16 de junio , núm. 10/2004, de 22 de marzo , núm. 50/2004, de 30 de marzo , núm. 112/2005, de 9 de mayo  , núm. 170/2005, de 20 de junio , núm. 164/2007 de 2 de julio , núm. 78/2008, de 11 de febrero , núm. 49/2009, de 11 de febrero , y núm. 118/2009, de 18 de mayo), conforme al cual el amplio carácter revisor del recurso de apelación se ve fuertemente limitado en cuanto a la valoración de la prueba, cuando lo que se pretende revisar es una sentencia absolutoria. De esta forma, quedaría proscrita la revocación de sentencias absolutorias o con pronunciamientos menos graves que el solicitado por el recurrente, sobre la base de nueva valoración de las pruebas sin atender a la garantía constitucional de los principios de publicidad, inmediación y contradicción que forman parte del derecho a un proceso con todas las garantías, del art. 24 CE, que impone inexorablemente que toda condena se fundamente en una actividad probatoria que el órgano judicial haya examinado directa y personalmente en un debate público, en el que se respete la posibilidad de contradicción ( SSTC núm. 324/2005, de 12 de diciembre, núm. 24/2006, de 30 de enero , núm. 90/2006, de 27 de marzo , núm. 3/2009, de 12 de enero , núm. 21/2009 de 26 de enero, núm. 119/2009, de 18 de mayo , o núm. 170/2009, de 9 julio entre otras).” (FD 2)

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