Publicado en Grado de madurez, in vigilando, Menores, menores y madurez, objetiva o por riesgo, Responsabilidad

Menores que manipulan los frenos de la bicicleta de otro menor, resultando muerto. Madurez y responsabilidad civil

Audiencia Provincial de Barcelona, sentencia 41/2012, de 19 enero (civil)

Hechos: juego entre tres menores de 12 años, manipulando dos los frenos de la bicicleta del tercero, que se estrella contra un coche.

Consideraciones jurídicas: Menor de edad, madurez. Responsabilidad de menores y de sus padres. Responsabilidad objetiva y solidaria

 “Imputación objetiva del daño.

Comencemos significando que, frente a otros ordenamientos jurídicos que no reconocen como fuente de responsabilidad civil propia los hechos lesivos causados por menores de edad, el régimen vigente en España se limita a establecer que la imputabilidad del daño exige ya sea la capacidad de culpa -propia de los adultos- o cuando menos la capacidad de discernimiento para comprender el alcance de los propios actos, esto es, una mínima madurez intelectiva y volitiva.

Ello explica que la STS de 8 de marzo de 2002 confirmase la imputabilidad civil de un joven de 17 años que golpeó un balón que fue a impactar contra el rostro de una persona ajena al juego de pelota, y que la STS de 8 de febrero de 1983 estableciese “la indudable culpabilidad” de los adolescentes de 12 años que causaron un daño al tirarse grapas con tiragomas si bien impuso la condena reparatoria únicamente a sus padres.

Sin duda esa capacidad de discernimiento (capacidad natural) se presupone a los menores de edad desde que cumplen los catorce años, ya que desde ese momento se les considera responsables penal y civilmente de los hechos que puedan cometer ( artículo 1 LORPM) y también se les habilita entre otras cosas para prestar declaración en juicio ( artículo 361). Y respecto de los menores de esa edad pero mayores de siete años ha de valorarse -según conviene la doctrina- caso por caso la concurrencia de la expresada mínima madurez.

No es ocioso reseñar que los Principios de Derecho Europeo de la responsabilidad civil (PETL) atribuyen responsabilidad civil con base en la culpa a todo el que viola “el estándar de conducta exigible”, entendiendo por tal el canon de actuación exigible a “una persona razonable que se halle en las mismas circunstancias” del agente, cuyo estándar puede adaptarse en función de la edad de este último.

Sobre las expresadas bases, hay razones sobradas para confirmar el razonamiento de la sentencia apelada que atribuye suficiente capacidad de discernimiento a los menores Jose María y Paulino para comprender la potencialidad dañina de sus actos.

No cabe desconocer que los hechos se desarrollaron entre unos preadolescentes compañeros de colegio y en el marco de sus actividades de ocio en plena calle, fuera por tanto del ámbito estrictamente familiar y escolar; esto es, en una esfera de relación social en que la dominación de uno de ellos sobre los otros derivada de múltiples circunstancias suele ser más evidente que entre personas adultas y maduras.

De otro lado, los propios menores demandados confirmaron -y así lo corroboró el testigo Agustín , titular de un establecimiento de venta de golosinas en la propia calle Cartagena- que era práctica habitual entre ellos la de descender en bicicleta a toda velocidad por la acera de la calle Cartagena, de 350 metros de longitud entre las calles Mas Casanovas y Sant Antoni Claret y una pendiente media del 8,50%, hasta derrapar en el último instante con una frenada brusca o con los pies.

La prueba practicada demuestra que José María , nacido en septiembre de 1992, reconoció a la Guardia Urbana que minutos antes del siniestro había discutido con Edmundo hasta el punto de haberse zarandeado mutuamente, lo que explicaría la predisposición de aquél frente a su compañero de juegos Edmundo .

De otra parte, el engaño urdido por José María , con la necesaria colaboración de Paulino , para alejar momentáneamente a Edmundo de su lado durante el tiempo imprescindible para manipular los frenos de su bicicleta, y la reacción inmediata de ambos marchándose del lugar tras los hechos, no reflejan sino la plena representación por parte de ambos de la nocividad que encerraba la manipulación de los frenos de la bicicleta de Edmundo y su lógica alarma una vez que la situación de acusado riesgo para la vida y la integridad de éste propiciada por su conducta se hizo dramática realidad.

Aun cuando pueda pensarse de modo plausible en una sucesión de hechos debidos a la iniciativa única de José María , el mayor de los tres menores de constante referencia, Paulino no sólo es responsable por omisión (si no participaba del propósito malicioso de José María , debió haber avisado a Edmundo de la manipulación de los frenos de su bicicleta), sino también por acción, ya que su cooperación en esa conducta es el fiel reflejo de su asentimiento a la iniciativa del cabecilla de grupo Jose María.

En definitiva, el resultado mortal enjuiciado es imputable objetivamente a los menores demandados, ya que su conducta cumple cada uno de los criterios instrumentales que suelen fundar esa imputación. Así, su acción de desactivación de los frenos de la bicicleta de la víctima implicaba un incremento del riesgo que conllevaba el juego que usualmente desarrollaban en la vía pública (criterio de rebasar los denominados ‘riesgos generales de la vida’), suponía una franca vulneración del principio de confianza con que actuaba Edmundo (criterio de la prohibición de regreso ), dio pie a un resultado mortal previsible y adecuado (criterio de la adecuación) que estaba directamente vinculado a la acción de aquéllos (criterio de la provocación), significando en fin una abierta vulneración de la norma de cuidado que impele a evitar toda acción que ponga en riesgo la vida y la integridad física de terceros.” (FD 4)

“Supuesto aporte causal de la propia víctima mortal.

El recurso de Ana María hace especial hincapié en el hecho de que, presupuesta la manipulación de los frenos por parte de su hijo José María , Edmundo habría asumido conscientemente el riesgo de circular calle abajo sin frenos, como lo revelaría el testimonio del adulto Carlos Antonio .

Este último, testigo presencial del descenso vertiginoso de las bicicletas, explicó en juicio -como ya hiciera en el atestado policial- que las bicicletas de Edmundo y de José María , transportando ésta última también a Paulino , bajaban una tras otra a gran velocidad por la calle Cartagena, sin que la gestualidad de Edmundo y sus gritos (“voy sin frenos, cuidado, voy sin frenos”) reflejase inquietud o angustia sino más bien felicidad por ser partícipe de un juego.

Debe hacerse notar que dicho testigo se hallaba a la altura de la entrada de la clínica Puigvert, cuando las bicicletas habían cubierto aproximadamente la mitad de la distancia de 370 metros que separa el inicio del descenso y el punto de colisión contra el turismo en plena calzada de la calle Sant Antoni Mª Claret, ignorándose cuál fuera la velocidad de las bicicletas en ese punto, por lo que ni siquiera es seguro que Edmundo en ese preciso instante hubiera estado en condiciones de detener su marcha, evitando con ello la ulterior colisión, lo que permite descartar la hipótesis de causalidad incierta que encierra el razonamiento de la citada apelante.

Vista en todo caso la ocultación con la que José María y Paulino llevaron a cabo la operación de manipulación de los frenos, es altamente probable que Edmundo no advirtiese esa circunstancia más que en pleno descenso, por lo que no cabe afirmar que hubiera una asunción consciente por parte de este último del mayor riesgo -superior al ordinario asumido en sus juegos de descenso apurando la frenada- que entrañaba el descenso por la calle Cartagena con una bicicleta carente de sistema de frenado.

Se arguye también por los demandados que Edmundo habría contribuido causalmente a su propio daño al conducir su bicicleta desprovisto de casco y de protectores.

Esta última referencia no puede ser tenida en cuenta por su total indeterminación, y la primera es inconsistente toda vez que la pauta reglamentaria común en la materia que nos ocupa ( artículo 118.1 del Reglamento General de la Circulación , aprobado por Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, en vigor en la fecha de los hechos) establece que el uso de casco protector sólo es preceptivo para conducir bicicletas “en vías interurbanas”, esto es, en la vía pública situada fuera de poblado.

Por último, no es que Edmundo invadiese la calzada de la calle Sant Antoni Mª Claret cometiendo con ello una infracción autónoma, reveladora de un descuido con incidencia causal en la producción del daño, sino que dicha súbita invasión fue el inevitable colofón de su rápido descenso por una acera de pendiente pronunciada con una bicicleta carente de sistema de frenado, circunstancia ignorada por él al menos hasta la mitad del trayecto.

En definitiva, no se advierte aporte causal alguno atribuible a la víctima mortal del hecho enjuiciado” (FD. 5).

“En efecto, es sabido que la responsabilidad de los padres por los daños causados por los hijos sujetos a su guarda es directa, no subsidiaria, y perfectamente compatible con la que corresponde a estos últimos a título propio, y que no pudiendo fijarse el grado de responsabilidad de cada uno de los intervinientes en el hecho lesivo, ha de proclamarse la solidaridad de todos ellos – menores causantes del ilícito civil y progenitores que no ejercieron adecuadamente las obligaciones inherentes a la guarda- frente al perjudicado (por todas, STS 8 de marzo de 2006 que versa sobre un supuesto de concurrencia causal de diversos menores a la producción de un daño, previo acuerdo de voluntades acerca de la actividad creadora del riesgo). (FD 7)

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